Una nueva ley de Electricidad abrirá el mercado al capital privado y la competencia

EL DIARIO / Diciembre 09, 2025

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Ante el anuncio del ministro de Hidrocarburos y Energía, Mauricio Medinaceli, de trabajar en un proyecto de Ley de Electricidad, los analistas del sector energético aplaudieron la decisión del Gobierno, ya que el mismo atraerá inversiones para la generación de energía y aumentará la oferta en el mercado nacional, con posibilidades de exportación como ya lo hace a la Argentina.

La anterior administración de Estado, el Movimiento al Socialismo (MAS), bajo la presidencia de Luis Arce, dentro de sus planes de exportación figuraban cuatro países: Brasil, Perú, Paraguay, pero también Chile.

Como se recordará, alrededor del 70% de la generación de electricidad viene de las termoeléctricas, que usan gas natural subsidiado para ofertar el producto, así como para la exportación hacia la Argentina.
En su informe de 2022, el Ministerio de Hidrocarburos anunciaba cambiar esa situación hasta el 2030; sin embargo, las inversiones y el desarrollo de las fuentes alternativas todavía están lejos de consolidarse.
En entrevista con un medio de comunicación, la autoridad del Ministerio de Hidrocarburos anunció que trabajan en una norma para electricidad, que busca abrir el mercado de la generación, bien sea privado o en asociación con empresas del sector público.

La generación eléctrica se compone de la siguiente manera: Termo con 66%, la hidroeléctrica con 24%, solar con 4%, eólica con 3% y biomasa con 3%, de acuerdo con datos de la Fundación Jubileo e información del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC).

Planteamientos

El consultor en energía Boris Gómez Úzqueda sostiene que la nueva ley eléctrica debe permitir inversiones privadas en generación, transmisión, distribución eléctrica, así como cláusulas de estabilidad regulatoria por 20-25 años en contratos de inversión, prohibiendo expropiaciones sin compensación.
Asimismo, establecer cero cargas impositivas para incentivar la industria de generación renovable: exención de impuestos para proyectos nuevos.

No se quedan al margen las APP (alianzas público-privadas) en nuevos proyectos de generación renovable y transmisión, en donde el estado central/departamentales puedan asociarse siempre y cuando jueguen las mismas reglas de competencia.

También se debe implementar mecanismos para que privados inyecten electricidad a escala al sistema nacional, por ejemplo la actividad que realiza la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica, que inyecta electricidad eficientemente a la red nacional, evitando desperdicios y fomentando ventas o exportaciones. “Vale decir, excedentes de electricidad son vendidos al precio del mercado”, sostuvo Úzqueda.

El experto en hidrocarburos plantea incluir para nuevos parques solares, hidro o eólicos, modelos de contrato tipo PPA (Power Purchase Agreement), que es un acuerdo contractual a largo plazo entre un productor de energía (generalmente un generador privado de electricidad, como una planta solar, eólica o hidroeléctrica) y un comprador (que puede ser un gran consumidor industrial o comercial, o incluso un gobierno).

Su objetivo principal es garantizar la venta y compra de una cantidad fija de energía eléctrica a un precio preestablecido durante un período extendido.

Señala que la actual Constitución que tiene corte ultrasocialista/estatista debe ser sometida a rápida reforma constitucional para viabilizar la participación a escala de capitales privados en la economía e industria.

“Congratulo al señor ministro de Hidrocarburos y Energía por empujar, impulsar y fomentar una nueva ley de electricidad. Es necesaria. Es absolutamente importante incorporar capitales privados a la inversión en parques solares, en parques eólicos, en generación eléctrica renovable y en centro de datos para Inteligencia Artificial (IA)”, sostiene el consultor y expresidente del Comité Boliviano de la Comisión de Integración Energética Regional (Bocier).

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones empezaron en 2023, con un valor de 5,5 millones de dólares, subiendo en 2024 a 17,8 millones y a octubre de 2025 la cifra llega a 11,2 millones.

En 2022, el gobierno de Luis Arce estimó concluir el proyecto “Línea de Transmisión Juan Azurduy de Padilla de 132 kV Bolivia-Argentina”, que permitiría vender al vecino país de 120 MW.

Proyectos en puerta

En ese año, el gobierno destinó una inversión de 1.592 millones de bolivianos en generación de energías limpias y amigables con el medio ambiente, entre ellos destacan Miguillas en el departamento de La Paz con 204 MW y la Cuenca del Río Ivirizu de 290 MW, y la conducción subterránea Central Hidroeléctrica San José.

Sin embargo, la meta al 2030 era de producir más de 2.000 MW de electricidad con fuentes renovables.
Las inversiones en el sector eléctrico en 2022 sumaban, en toda la cadena de 3.104 millones de bolivianos, el 51% correspondía a la generación, con 1.591,9 millones; distribución 22% con 697,2 millones; y transmisión 26% con 814,5 millones.

La cobertura nacional alcanzaba a 96,3%, siendo el área urbana con un porcentaje de 99,9% y el rural con 87,5%, indicó el Ministerio de Hidrocarburos en 2022.