El nuevo reglamento para empresas tecnológicas que ofrecen servicios financieros reconoce el uso de criptoactivos y blockchain en Bolivia. Especialista advierte que los altos costos y requisitos pueden limitar la competencia y ahuyentar llegada de capitales.
Bolivia dio un giro clave en su política financiera. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) anunció este lunes que comenzará a regular el uso de plataformas digitales utilizadas para la compra y venta de activos digitales, incluyendo criptoactivos. El ente regulador identificó a 209 empresas que actualmente operan en el país —entre ellas, plataformas de pago, servicios basados en criptomonedas y tecnologías blockchain— y que deberán adecuarse a la nueva normativa antes del 31 de diciembre.
Este cambio marca un hito: en menos de dos años, el Estado boliviano pasó de prohibir el uso de criptoactivos a establecer un marco regulatorio. La decisión responde a la creciente presión por la escasez de divisas y las restricciones impuestas por la banca tradicional para realizar operaciones internacionales, producto de la falta de dólares en el sistema financiero.
La medida, emitida el 3 de julio, se sustenta en el Decreto Supremo 5384 y establece principios como la innovación responsable, la interoperabilidad y la confidencialidad de los datos del usuario. El objetivo, según Pedro Asturizaga, director de Estudios y Publicaciones de la ASFI, no es recaudatorio, sino garantizar servicios financieros más seguros y sostenibles para la población.
“Queremos poner reglas claras en beneficio del consumidor financiero, no recaudar. Se busca continuidad y calidad en los servicios”, afirmó Asturizaga en entrevista con Dinero 360, de EL DEBER Radio.
La normativa se aplica exclusivamente a empresas constituidas en Bolivia que ofrezcan servicios vinculados al sistema financiero, como pagos, seguros, financiamiento colaborativo o servicios basados en tecnología blockchain.
En ese marco, plataformas internacionales como Binance quedan fuera del alcance por no tener presencia legal ni alianzas con entidades supervisadas por ASFI.
Asturizaga dijo que las alianzas con empresas locales podrían abrir una vía de supervisión indirecta, pero, por ahora, el mercado de criptomonedas sigue operando sin un marco legal directo en el país.
“La normativa busca que estas empresas operen con mayor estabilidad y calidad, evitando que su salida abrupta del mercado afecte a los usuarios”, sostuvo Asturizaga.
Según datos preliminares compartidos por Asturizaga, la ASFI identificó 209 empresas que pueden estar sujetas a la reglamentación. De ellas, 176 son proveedores de servicios de activos virtuales —la mayoría personas naturales— y 33 son plataformas de pago.
Estas empresas tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para adecuarse a la normativa, presentar sus registros y operar bajo las condiciones que establece el reglamento.
El documento reconoce y nuevos conceptos del ecosistema digital, como activo virtual, tokenización, entorno de pruebas, ciberseguridad y proveedores de servicios de activos virtuales (PESAV).
La experta en criptoactivos Alison Berbetty saludó la intención de ordenar el ecosistema fintech, pero advirtió que puede convertirse en una barrera, especialmente para pequeñas startups extranjeras interesadas en operar en Bolivia.
“El reglamento exige garantías económicas que van desde los 13.500 hasta más de 80.000 dólares, además de pagos iniciales y un equipo legal y técnico. No todas las empresas podrán costear eso”, afirmó la especialista.
Además, Berbetty mostró preocupación por el uso del sandbox regulatorio, una fase de prueba inicial de 12 meses (ampliable a 36) antes de recibir una licencia definitiva por la ASFI.
Justamente, la directora nacional de la ASFI, Ivett Espinosa, explicó que una de las principales innovaciones del reglamento es la creación del “entorno controlado de pruebas”, un espacio regulado donde nuevas empresas o servicios podrán operar de forma limitada durante un periodo inicial de hasta 12 meses, prorrogables hasta 36 meses.
Este entorno permitirá probar productos innovadores en condiciones reales, pero bajo límites específicos de usuarios, operaciones y montos. Al finalizar el plazo, ASFI evaluará si autoriza el servicio de forma definitiva o lo rechaza.
“El problema es la falta de claridad. No sabemos si el regulador tiene los equipos capacitados para aplicar bien este modelo. Si no hay transparencia en los criterios, puede convertirse en un filtro discrecional que frene la innovación”, advirtió Berbetty.
Ambos entrevistados coincidieron en que la regulación era necesaria, pero Berbetty remarcó un posible efecto adverso: la concentración del mercado en pocas empresas que puedan cumplir con los requisitos, lo que limitaría la competencia y encarecería los servicios para el usuario final.
“La competencia es lo que obliga a las plataformas a ser más eficientes y bajar tarifas. Si los requisitos son demasiado altos, terminamos con menos opciones y peores condiciones para los usuarios”, señaló.
Añadió que “las plataformas que ya están operando en el país, como Meru, probablemente puedan adaptarse sin problemas”.
“Pero muchas otras que estaban interesadas en llegar, ahora podrían pensarlo dos veces”, dijo.
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