El Gobierno Nacional aprobó este miércoles un decreto supremo que reglamenta la creación y funcionamiento de las Empresas de Tecnología Financiera (ETF), más conocidas como fintech. La norma permite que estas entidades, ya sean privadas, públicas o mixtas, ofrezcan servicios digitales en los ámbitos de servicios financieros, mercado de valores y seguros, bajo la supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
“Con este decreto, Bolivia entra de lleno al ecosistema fintech, de forma moderna y regulada”, dijo el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en una conferencia de prensa.
En Bolivia, de acuerdo a una nota de prensa del Ministerio de Economía, existen más de 40 empresas que operan en el campo de la tecnología financiera particularmente en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, aunque hasta ahora lo hacían sin un marco legal claro.
Con el decreto, todas estas actividades -desde plataformas de pago hasta servicios con activos digitales o blockchain– deberán estar reguladas, contar con autorización de la ASFI y cumplir normas de seguridad que garanticen confidencialidad, integridad y autenticación para proteger al usuario.
Las fintechs son empresas que prestan servicios financieros mediante herramientas digitales. A diferencia de la banca tradicional, operan con plataformas, aplicaciones móviles y sistemas automatizados que permiten realizar pagos, enviar remesas, otorgar créditos, invertir o gestionar dinero desde un celular, sin necesidad de una sucursal física. También pueden desarrollar billeteras digitales que permiten pagar con código QR, transferir dinero entre personas o comprar en comercios sin efectivo.
El decreto le da a la ASFI un plazo de 40 días hábiles para que emita la reglamentación específica.
“Ahora (las empresas en operación) tendrán que adecuarse a la norma, y muchas más podrán ingresar a este nicho de mercado”, explicó el ministro.
Las ETF deberán tramitar su permiso de constitución y licencia de funcionamiento ante la ASFI, y, en algunos casos, ingresar a un entorno controlado de pruebas.
El decreto, de acuerdo al ministerio, marca un hito en la modernización del sistema financiero nacional. El nuevo marco legal permitirá a empresas privadas, públicas o con participación mayoritaria del Estado, ofrecer servicios como pagos digitales, blockchain (estructura de datos compartida que permite el registro de transacciones y el seguimiento de activos), activos virtuales y plataformas de financiamiento, entre otros.
Por ahora, las ETF podrán desarrollar servicios en cinco grandes áreas: soluciones basadas en blockchain (activos tokenizados, activos virtuales y/o Proveedores de Servicios de Activos Virtuales), sistemas de pagos, plataformas de financiamiento, tecnologías para empresas e iniciativas futuras que defina la ASFI. Entre los servicios más inmediatos se esperan billeteras móviles, préstamos digitales, remesas internacionales y emisión de activos tokenizados.
El objetivo del decreto es proteger a los usuarios frente a fraudes, ciberataques o colapsos de plataformas.
“Se trata de ofrecer certidumbre al mercado y oportunidades para nuevos actores”, subrayó Montenegro.
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