
Fuente: Impuestos nacionales
El SIETE-RG funcionará como una especie de monotributo que unificará el IVA, IUE y el IT en un único pago para atraer contribuyentes.
El pasado 17 de diciembre, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5503, una norma que dio vida al Sistema Tributario de Apoyo al Emprendimiento, también conocido como SIETE-RG.
La medida fue presentada como un paso para facilitar la formalización de pequeños negocios que ya no encajan en regímenes simplificados, pero que aún no tienen la capacidad administrativa ni financiera para ingresar al Régimen General. Así, el SIETE-RG busca convertirse en una etapa intermedia dentro del sistema tributario.
El nuevo régimen funciona como un monotributo que unifica el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) en un solo pago. Los contribuyentes acogidos al SIETE-RG deben pagar el 5% de sus ventas brutas de manera bimestral, reemplazando así las declaraciones y liquidaciones separadas de los tres tributos. El régimen está dirigido a empresas unipersonales y profesionales independientes, tanto de actividades productivas como de servicios, con ventas anuales de hasta Bs 250.000 y un máximo de dos establecimientos.
Para el abogado tributarista Henry Pérez Oxa, el SIETE-RG abre una puerta que antes estaba cerrada para ciertos sectores. “Es una opción para otras actividades que no sean artesanos, vivanderos ni comerciantes minoristas sean parte de la formalidad y vayan migrando poco a poco al régimen general”, explicó a La Razón.
En ese sentido, el nuevo sistema apunta a ampliar el universo de contribuyentes, incluyendo a pequeños prestadores de servicios y emprendimientos que hasta ahora quedaban en una zona apartada y diferenciada.
Uno de los elementos que el Gobierno destaca como ventaja es la simplificación administrativa. El contribuyente paga un solo porcentaje, presenta una declaración bimestral y cumple con sus obligaciones principales sin enfrentar la complejidad del sistema tradicional. Además, el SIETE-RG obliga al uso de pagos electrónicos y a la emisión de facturas, lo que apunta a una mayor trazabilidad de las operaciones económicas.
Sin embargo, esa simplificación tiene matices. Aunque los contribuyentes deben emitir factura, estas no generan débito ni crédito fiscal. El 5% facturado se reconoce como pago a cuenta del IVA o del Régimen Complementario del Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) del comprador, mientras que el IVA de las compras realizadas por el emprendedor se acumula y solo podrá utilizarse cuando migre al Régimen General. Para algunos analistas, este diseño puede desincentivar ciertas operaciones, especialmente con clientes que buscan crédito fiscal dentro del corto plazo.
Mauricio Viscarra, abogado tributarista, coincide en que el espíritu del SIETE-RG apunta a ordenar el sistema. “El propósito de esta medida en concreto es por un lado simplificar el, para mí, complejo sistema tributario que tenemos y amalgamar una serie de impuestos en un monotributo”, señaló en contacto con este medio.
Desde su perspectiva, la reducción de la carga administrativa es uno de los principales atractivos del régimen, sobre todo para pequeños negocios que no cuentan con asesoría contable permanente.
No obstante, Viscarra pone en duda la capacidad real del SIETE-RG para atraer a los informales. “No creo que sean medidas lo suficientemente atractivas o lo suficientemente buenas como para que un comerciante que se encuentra en la informalidad decida voluntariamente inscribirse en los registros formales del Seprec, del Servicio de Impuestos Nacionales, etc.”, afirmó el analista.
En su criterio, la informalidad responde a factores más profundos que no se resuelven únicamente con un monotributo.
Esa mirada crítica también está presente en el análisis de Pérez Oxa, quien considera que el SIETE-RG es insuficiente si no viene acompañado de garantías más amplias e interesantes. “Es insuficiente pues se debe generar ante todo seguridad jurídica a los emprendedores que se convertirán en contribuyentes”, señaló.
Para el abogado, muchos pequeños empresarios temen ingresar al sistema formal no solo por los impuestos, sino por la fiscalización, las sanciones y la inestabilidad normativa.
Pérez Oxa advierte, además, que el rechazo expresado por gremiales y cuentapropistas refleja ese temor. Frente a la pregunta de si el SIETE-RG logrará formalizar o será evitado por los sectores a los que apunta, responde que “se debe trabajar en nuevas normas que den certeza y seguridad jurídica a las actividades económicas de todo tipo para que tributen con justicia”. Sin ese componente, el régimen corre el riesgo de convertirse en un instrumento con bajo impacto real.
Desde una mirada más técnica, el auditor y especialista en tributación Luis Eduardo Zúñiga considera que el SIETE-RG no es una idea nueva, aunque reconoce su potencial. “En su momento lo veíamos interesante, porque lo que quiere es atraer nuevos contribuyentes, pero no es algo nuevo, es algo que ya se ha planteado hace años atrás”, señaló, recordando que se intentó una medida similar en 2020, durante la crisis por la pandemia de COVID-19.
Zúñiga valora que el Gobierno haya dado el paso normativo, aun con observaciones. “Tiene la intención de generar un tipo de incentivo, ya han empezado, el decreto supremo se lanzó, con errores o no, pero ya se lanzó”, afirma. En su evaluación, el SIETE-RG puede mejorar con el tiempo, siempre que exista voluntad de ajustar los aspectos que generan dudas o fricciones.
El decreto también establece límites claros. Quedan excluidas actividades extractivas, comisionistas, consignatarios, productores sujetos al Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), arrendadores y explotadores de derechos, entre otros. Además, la permanencia en el SIETE-RG es temporal: la migración al Régimen General es automática cuando se superan los Bs 250.000 en ventas anuales o cuando se cumplen tres años dentro del sistema. Para Zúñiga, esta transición obligatoria es coherente con el carácter de “régimen puente”, aunque puede generar presión sobre negocios que crecen rápidamente sin haber fortalecido su estructura administrativa.
En conjunto, los analistas coinciden en que el SIETE-RG es un paso en la dirección correcta, pero lejos de ser una solución definitiva. Simplifica, ordena y reduce trámites, pero no ataca de fondo los problemas estructurales del sistema tributario boliviano: la complejidad normativa, la percepción de riesgo, la falta de seguridad jurídica y los costos indirectos de la formalidad.
Por ello, Zúñiga y Viscarra coinciden en que se debe institucionalizar el rol del Servicio de Impuestos Nacionales y ofrecer un mejor servicio desde sus plataformas en línea. Caso contrario, las medidas no tendrán impacto real.
El reto para el Gobierno será evaluar su implementación y corregir los vacíos identificados. Como señala Zúñiga, “en la medida del tiempo, se va a ir mejorando las cosas”. Pero para que el SIETE-RG cumpla su objetivo de ampliar la base tributaria y apoyar al emprendimiento, deberá convertirse en algo más que un monotributo: tendrá que ser parte de una reforma más amplia que genere confianza y reglas claras para quienes deciden ser formales.
La semana pasada, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, sostuvo una reunión con la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, quienes presentaron algunas propuestas justamente para mejorar los artículos 38 al 44 del Decreto Supremo 5503, en todo lo que concierne al SIETE.
Espinoza aseguró que el Gobierno está abierto al diálogo para mejorar el sistema tributario.