Bioeconomía: la apuesta del Gobierno para dejar atrás el extractivismo

Bolivia Emprende / Mayo 13, 2026

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Bolivia llega tarde, golpeada y con urgencias. 

Tarde, porque mientras gran parte de América Latina lleva años estructurando mercados de carbono, agricultura regenerativa, bonos ambientales y cadenas de exportación con sello verde, el país recién comienza a discutir cómo convertir su riqueza natural en una plataforma de desarrollo.

Golpeada, porque el 2024 dejó la mayor catástrofe ecológica de la historia nacional: 12,6 millones de hectáreas arrasadas por incendios, una superficie equivalente a más de una tercera parte de Santa Cruz o a casi todo el departamento de La Paz. Del total devastado, más de 7,2 millones de hectáreas eran bosques.

Y con urgencias, porque esa tragedia encontró a Bolivia en medio de una economía exhausta, necesitada de divisas, con un modelo productivo que ya no alcanza para sostener crecimiento y con una comunidad internacional que comenzó a exigir resultados ambientales medibles antes de abrir financiamiento.

Por eso, detrás del Foro de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático realizado esta semana en Santa Cruz, no hubo solamente un debate ambiental.

Modelo de regeneración productiva

Lo que se puso sobre la mesa fue algo más profundo: la búsqueda de una nueva matriz económica capaz de producir, exportar y atraer inversión sin seguir incendiando la base natural del país.

“Tenemos que cambiar ese pensamiento del modelo extractivista a tener un modelo de regeneración productiva”, resumió el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, durante el encuentro.

La frase no fue casual. Es la admisión más clara de que Bolivia enfrenta una contradicción que ya no puede ocultar: necesita crecer, pero la forma en la que ha crecido en las últimas décadas está destruyendo precisamente los recursos que podrían sostener ese crecimiento en el futuro.

El discurso ya no alcanza

Durante años, Bolivia se presentó en escenarios internacionales como un país defensor de la Madre Tierra. Pero internamente la realidad fue otra: expansión agrícola con fuego, avasallamientos, minería ilegal, desmontes, madera sin control y pérdida sostenida de bosques. 
Justiniano fue particularmente duro al cuestionar esa dualidad.

“No vamos a estar hablando de Madre Tierra y Pachamama mientras no estamos comprometidos con absolutamente nada de lo que el mundo está requiriendo para que podamos recibir recursos”, lanzó.

La observación tiene sustento, dado que el último reporte de Global Forest Watch y del World Resources Institute confirmó que Bolivia escaló al segundo lugar mundial en pérdida de bosque tropical primario, solo detrás de Brasil, con 1,5 millones de hectáreas destruidas en un solo año, un incremento cercano al 200% respecto a la gestión previa. El fuego, impulsado por sequía extrema y habilitación de tierras agrícolas, fue el principal detonante.

En términos simples: mientras el mundo paga por conservar, Bolivia seguía perdiendo bosque a velocidad récord. Y perder bosque ya no es solo un drama ecológico. Significa menos lluvias, menor fertilidad de suelos, mayor riesgo de sequías, costos sanitarios por humo, deterioro de biodiversidad y crecientes barreras para acceder a mercados que castigan cadenas ligadas a deforestación.

Cambio climático

Lo novedoso del foro no estuvo en volver a denunciar la destrucción ambiental —eso Bolivia lo hace cada año después de los incendios— sino en intentar conectar tres variables que antes caminaban separadas: medioambiente, producción y financiamiento.

El ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, Luis Fernando Romero, lo sintetizó con una frase que marcó el tono político del encuentro: “Se terminó el Estado que todo lo hacía”.

Según Romero, la transición climática no será posible si se sigue esperando que el aparato público financie por sí solo reforestación, control forestal, innovación productiva o prevención de incendios.

Política ambiental financiada

Lo que se busca ahora es un Estado facilitador: uno que genere reglas, certidumbre y puentes para que entren recursos privados, cooperación internacional y nuevas inversiones.

En otras palabras, el país quiere pasar de la política ambiental subsidiada a la política ambiental financiada.
Ahí aparece una palabra que se repitió durante todas las mesas técnicas: carbono. Detrás del término hay un negocio global en expansión.

Los países, empresas y fondos internacionales están destinando cada vez más capital a proyectos que certifiquen reducción o captura de emisiones. Quien conserva bosque, restaura ecosistemas o reduce huella de carbono puede monetizar ese esfuerzo mediante bonos, créditos o contratos ambientales.

Las voces

Bolivia, con una de las mayores masas forestales de Sudamérica, tiene una ventaja comparativa evidente. Pero hasta ahora no ha logrado transformarla en una industria.

Hormando Vaca Diez, viceministro de Tierras, sostuvo que avanzar en saneamiento, titulación y gobernanza territorial es la base para que las comunidades puedan progresar “de forma integral” y, al mismo tiempo, participar de esquemas sostenibles.

La lectura es clara: sin tierra ordenada no hay proyecto ambiental financiable.

Desde la sociedad civil, el mensaje fue incluso más directo.

María Teresa Vargas, directora de Fundación Natura Bolivia, sostuvo que el objetivo inmediato es “enviar señales claras a la cooperación internacional sobre el rumbo del país hacia una economía con menores emisiones y comprometida con el desarrollo sostenible y cuidado de los bosques”.

Y ahí Bolivia arrastra una pesada mochila: incendios recurrentes, débil control de desmontes, conflictividad por tierras y baja credibilidad en la fiscalización.

Nigel Asquith, director de Política de Natura Bolivia, remarcó que el país atraviesa “un momento clave para definir el camino hacia el financiamiento climático”, pero ese camino exige altos estándares de monitoreo, biodiversidad, consulta y trabajo con comunidades indígenas.

Es decir, el financiamiento verde no es filantropía. Es inversión condicionada. Si el Estado pone reglas y las ONG aportan asistencia técnica, el tercer actor indispensable es la empresa. Y esa fue una de las novedades del foro: la irrupción del empresariado no como observador, sino como potencial ejecutor de soluciones climáticas.

La firma boliviana Exomad Green fue usada casi como caso testigo. La empresa trabaja con biomasa forestal, biochar, trazabilidad y certificaciones internacionales para captura de carbono. Según informó, ya logró remover más de 300.000 toneladas de dióxido de carbono, convirtiéndose en una referencia regional en remoción certificada de emisiones.

Marcelo Pereira, cofundador y gerente de operaciones, explicó que el desafío no es solo tecnológico, sino de cumplimiento internacional: estándares exigentes, certificación permanente y procesos productivos transparentes.

Daniel Gutiérrez, gerente de certificación, añadió que esos sellos son justamente los que permiten que Bolivia sea vista como un proveedor confiable de soluciones ambientales.

Detrás de ese modelo hay una enseñanza de fondo: el bosque ya no tiene por qué ser rentable únicamente cuando se tumba; también puede generar valor cuando se conserva, transforma y certifica.